LA AMENAZA DE LAS ARMAS PEQUEÑAS
Un desarme posible
Por Luis Gutiérrez Esparza
Conforme a las estadísticas recopiladas por la Red Internacional de Acción sobre Armas Ligeras (International Action Network on Small Arms, IANSA), se estima
que hay un millón 600 mil armas de fuego en Centroamérica, de las cuales sólo 500 mil están legalmente registradas. Muchas de esas armas son remanentes
de la guerra sucia, la represión y los conflictos militares ocurridos en la región durante las décadas de 1970 y 1980, especialmente en El Salvador, Guatemala
y Nicaragua.
Por lo que a México respecta, la ausencia de estadísticas confiables resulta preocupante, más aún si se considera que "la proliferación ilegal de armas
ha crecido en los últimos años y ha contribuido a la comisión de delitos como asaltos y secuestros. En tanto, las disparidades entre las leyes mexicanas
y la legislación federal y estatal de Estados Unidos facilitan el flujo de armas ilegales desde el norte hacia el sur.
"Muchas armas cruzan la frontera en pequeñas cantidades en el comercio denominado hormiga. La Procuraduría General de la República (PGR) ha informado que
el tráfico ilegal de armas es la tercera actividad ilícita más lucrativa para el crimen organizado, después del narcotráfico y el secuestro", según señala
el informe Control de armas pequeñas en América Latina, preparado por International Alert.
Conforme a las cifras oficiales -proporcionadas fundamentalmente por la Secretaría de la Defensa--, existen en el país un millón 494 mil 321 armas en manos
de civiles, pero cálculos extraoficiales (que hacen énfasis en las armas sin registro) las sitúan entre dos a 15 millones. Las armas de fuego de que disponen
los militares se estiman extraoficialmente en un millón y las que se encuentran asignadas a los cuerpos policiacos, en 425 mil, según la Encuesta de armas
pequeñas 2004: derechos en riesgo, realizada por el Instituto de Posgrado de Altos Estudios Internacionales, de Ginebra, Suiza.
Así, por cada 100 mexicanos (la población estimada es de 103 millones y medio) existen entre cuatro y 17 armas de fuego; y entre 3.5 y 16.5 corresponden
a cada 100 integrantes de las fuerzas armadas; estos datos, incluidos en la Encuesta, son avalados por las investigaciones del Círculo Latinoamericano
de Estudios Internacionales (CLAEI), integrante mexicano de IANSA y la Fundación por la Paz en la Era Nuclear, vinculada con el propio CLAEI y con la Nuclear
Age Peace Foundation, con sede en Santa Bárbara, California.
Cuando terminaron los conflictos armados y los regímenes represivos en Centroamérica, miles de armas fueron a parar al mercado ilegal y afectaron también
a otros países como Costa Rica, Honduras y Panamá. Paralelamente, continuaron las actividades comerciales de los principales exportadores de armas a la
región: Estados Unidos, Bélgica, Tailandia, Alemania, Canadá, Venezuela y Filipinas. (México es un productor mediano de armas, fundamentalmente para el
mercado interno).
Por supuesto, las armas de fuego desempeñan un papel preponderante en el narcotráfico desde Colombia hacia Estados Unidos a través de Centroamérica y México.
Con recursos por millones de dólares, los capos del narcopoder han formado auténticas milicias, pertrechadas con armas militares, muchas veces superiores
a las de las fuerzas de seguridad nacionales; o han llegado a acuerdos con narcoguerrillas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Así, las redes de distribución de estupefacientes también abastecen de armas.
México y, en el ámbito centroamericano, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá han ratificado la Convención Interamericana contra
la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA), auspiciada por la Organización de
Estados Americanos (OEA), que busca reducir el tráfico de armas en la región mediante una homologación mínima de las leyes y el intercambio de información
internacional.
Los miembros de IANSA, a su vez, trabajan en:
. Documentar el problema de la proliferación de armas.
. Impulsar una mejor obtención de información sobre la violencia armada.
. Homologar la legislación sobre armas, para eliminar los vacíos legales que facilitan el tráfico.
. Modificar paulatinamente las normas sociales -los usos y costumbres—para disuadir a las personas de la posesión de armas de fuego.
Existen avances, sin duda; pero, por ejemplo, en el caso de México no es suficiente con la adhesión a la Convención de la OEA, así haya surgido de manera
inmediata y con visos de entusiasmo gubernamental. Es preciso que los mecanismos de control efectivo, real y cotidiano, sean establecidos y observados
sin excepciones ni pretextos. De lo contrario, continuará el enorme tráfico procedente de Estados Unidos y será cada vez más ominosa la amenaza de la violencia
social.