EL AÑO DE HIDALGO.
Por Eduardo Ibarra Aguirre
Ni durante las siete décadas de priísmo hecho sistema de dominación, ni siquiera en sus 18 años de modalidad neoliberal, había comenzado tan temprano el
afamado año de hidalgo que se pone en práctica en el último del sexenio y que al que deje algo, en las arcas y bienes públicos, se le endilga una sonora
mentada para la autora de sus días.
Pero con Vicente Fox Quesada, como en muchos otros territorios de la administración pública, se violentan la ley de leyes y las reglamentarias, tradiciones
y normas no escritas, hábitos y reglas del juego. Y no necesariamente para mejorar sino para retroceder, aunque en la visión daltónica oficial todo se
perciba color de rosa, pero no mexicano.
El reportero Jaime Avilés nos presenta en otra de sus exclusivas lo siguiente: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que encabeza Francisco Gil Díaz,
ha puesto en marcha en el mayor de los sigilos un mecanismo jurídico para privatizar las aduanas del país, en beneficio de la Societé General de Surveillance.
La trasnacional suiza, de acuerdo con documentos oficiales en poder de La Jornada, estaría representada en nuestro país por la Logistic Free Trade Zone,
empresa mexicana de Juan Carlos López Rodríguez, exfuncionario aduanal inhabilitado, pero amigo del titular de la Administración General de Aduanas, José
Guzmán Montalvo.
Los anónimos denunciantes que se identificaron ante el columnista Avilés, aseguran que López Rodríguez y Guzmán Montalvo "están asociados con la familia
(de Marta) Sahagún". Auguran que "éste podría ser el negocio transexenal del presidente Fox, por conducto de la familia Sahagún, con utilidades directas
e indirectas calculadas entre 2 mil y 3 mil millones de dólares al año".
Todo fue previsto para que el 1 de noviembre se dé lectura a la resolución y el día 7 los representantes de la trasnacional recojan los títulos de la autorización.
Desde la patria chica de los Bibriesca Sahagún, denunció con todas sus letras Andrés Manuel López Obrador que el presidente de la República no sólo dejó
sin protección comercial a los pequeños y grandes empresarios, "sino que alentó el contrabando y se empezó a meter productos, mercancías chinas para hacer
competencia desleal y acabar con los comercios del estado".
Es la primera ocasión que se formula un señalamiento público que involucra a Fox Quesada en la introducción ilícita de mercancías del gigante asiático para
favorecer a sus hijos políticos, sobre quienes abundan referencias periodísticas y legislativas que los vinculan con el contrabando de textiles chinos,
así como el apoyo de Guzmán Montalvo y, podría entenderse, con la venia de Gil Díaz, cuya Dirección General de Comunicación Social exoneró, atribuyéndose
ilegalmente funciones ministeriales, a los hijos de la parte femenina de la pareja presidencial en el contrabando de ropa.
Sería pertinente que Rossana Fuentes-Berain incorporara el anterior elemento en su análisis sobre la competencia desleal de Beijing con el Distrito Federal,
para que los prejuicios hacia la República Popular China no resulten tan obvios e interesados. Sobre todo resulta indispensable que los dos poderes de
la Unión y los otros niveles de gobierno pongan un alto al saqueo de la nación.