La
evaluación docente. Los inconvenientes de cumplir la Ley en tiempo pero no en
forma
Si bien, desde que se planteó
la Reforma Educativa en el año 2012, es necesario reconocer que la figura docente
debe ser considerada como eje de un cambio en lo educativo, también es
necesario entender que este cambio no puede darse sin las implicaciones
organizacionales y, principalmente, políticas (en términos de lucha de
intereses), entre los distintos actores que conforman el marco educativo de
México.
Integrado por más de 1.2
millones de docentes en los niveles de educación básica (educación preescolar,
primaria y secundaria) y educación media y superior, la figura del profesorado
es el emblema de los trabajos que se hacen cotidianamente al interior de las
escuelas, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin embargo, hay, alrededor
de lo que sucede en las aulas, un sin número de condiciones y circunstancias
que terminan por incidir en lo que sucede dentro de ellas. Condiciones de
marginación, inequidad social y marginación, son parte del ambiente que permea
alrededor de la escuela, sin embargo, otra condición, que es difícil de
cuantificar pero fácil de observar tal como lo es el componente político y político-electoral,
esto si uno observa las portadas de periódicos nacionales que en sus ocho
columnas muestran la vida y “gracia” de un subsecretario de educación, en plena
carrera de las elecciones del 2018.
Y es a partir de las
condiciones políticas y el juego de intereses que se manejan alrededor de los
procesos de educación, los que influyen, presionan y apresuran la puesta en
marcha de la evaluación de los docentes en México.
La evaluación docente,
necesaria para ir purificando la podredumbre que se presentaba al interior del
sindicato más no del magisterio, es necesaria y obligatoria si se tiene el
objetivo de recuperar la rectoría de la educación, siendo la evaluación un
medio para depurar las filas del magisterio y favorecer a los docentes que están
interesados en mejorar y fortalecer sus capacidades de trabajo frente a grupo.
Hasta aquí la imagen suele ser
clara, sin embargo, al llegar al componente de lo punitivo, debido a que a que
si un profesor llega a presentar un resultado de no idóneo o desempeño Tipo “C”
en el examen de desempeño en tres ocasiones seguidas, será removido de las
actividades docentes, es decir de su trabajo frente a grupo, que puedan ser las
evaluaciones es donde la imagen se vuelve opaca y con poca luz, ya que el
componente político, de juego de intereses de poder por parte del Secretario de
Educación en clara carrera presidencial, ha presionado para que la evaluación
se lleve acorde a la ley y sus tiempos, aún y cuando esto implique llevar la
fuerza pública a las sedes de aplicación de los exámenes.
Dadas las presiones para salir
en tiempo, y con ello presentar una imagen de control y “buena gestión”, la
evaluación docente ha contado con un sin número de detractores que van desde
las manifestaciones de profesores interesados en mejorar sus condiciones y
capacidades de trabajo, “profesores” de la SNTE interesados en beneficios
sindicales y laborales, profesores que se encuentran entre ambas tipologías,
así como académicos, especialistas y analistas del sector educativo. Dentro de las
principales críticas a la evaluación docente se encuentran la falta de espacios
de diálogo con los principales referidos, los docentes, el déficit de los
procesos de asesoría a los profesores, las implicaciones
administrativo-laborales y la continua presencia de inconsistencias entre los
instrumentos de evaluación, las guías de estudio, los tiempos para responder
los exámenes y las fallas técnicas y logísticas de las propias jornadas de
evaluación.
Al ser la evaluación docente un
nuevo e inexplorado proceso para los actores que están al frente de la
evaluación, Secretaría de Educación Pública, la Coordinación Nacional del
Servicio Profesional Docente (CNSPD), el Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación y el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior
(CENEVAL), contratado por la Coordinación Nacional del SPD para la construcción
de los exámenes, es posible que se presenten, como ya lo han hecho, distintos
incidentes y áreas de mejora, las cuales sin duda hay que atender para ir mejorando
sobre el camino, esperando que este andar sea corto y poco sinuoso, lo cual es
natural para cualquier proceso de esta magnitud, sin embargo, lo que no es
natural y que ha generado gran descontento, es el hecho de que esta evaluación
ha comenzado a ser reconocida públicamente, por parte de los actores
involucrados, como una evaluación con importantes limitantes que influyen tanto
en la credibilidad del propio proceso, como a las trayectorias laborales de los
docentes.
Siendo este aspecto de primer
importancia ya que si los mecanismos de evaluación no cumplen con las
condiciones técnicas y organizativas, y éstas se encuentran concatenadas a
estabilidad del trabajo frente a grupo de los profesores, es mejor tomar un
paso atrás, analizar, investigar y abrir el dialogo para volver a plantear lo
que requiera ser rediseñado, antes de continuar con un proceso incompleto, el
cual aunque cumple con los tiempos que la Ley determina, aún hay trabajo por
hacer para cumplir con las formas que demanda una empresa de esta
trascendencia.
Autor: Mtro. Daniel Cuellar Martínez.
Atizapán de Zaragoza, estado de México. México.