PARTICIPACION Y ABSTENCIONISMO

 

*Ponencia ante el IFE del Estado de Quintana Roo en el acto celebrado en 10 de                  Septiembre de 2004.

 

Por Raúl Espinosa Gamboa

 

Hace algunos años en un trabajo que realizamos y que titulamos "Democracia y partidos en México" señalamos que "El abstencionismo no es un mal endémico

o un defecto de la democracia, sino más bien un fenómeno político que representa el rechazo a un sistema electoral que resulta poco atractivo como forma

de definición de los concurrentes al quehacer político".

 

Esta afirmación la hemos tenido siempre presente cuando analizamos los resultados de la participación en los procesos electorales y el creciente abstencionismo;

sin embargo seríamos injustos si culpamos únicamente el sistema electoral y no tomamos en cuenta la evolución de los mismos partiendo de las condiciones

que lo hacen posible, así como su impacto en la vida cotidiana. Empero, lo importante es detectar en qué momento el ciudadano decide no votar y cuáles

son las causas, pues esa que es una decisión individual, cuando alcanza determinados porcentajes, significa que algo anda mal.

 

La historia de la legislación electoral en México, sobretodo a partir de 1912 corresponde a los distintos momentos de su desarrollo y, que desde luego,

han tenido que ver con toda una concepción del ejercicio del quehacer político, sin olvidar que mediante ese proceso se interrelaciona el Estado y la Sociedad

Civil, mediante la forma y los métodos de gobernar. Resulta muy importante la observación de no confundir al Estado con el gobierno, así como a la Sociedad

Civil con las organizaciones sociales.

 

Si establecemos un período de transición podríamos decir que 1968 es un año clave en la formulación de esta demanda y contra los viejos métodos de control

del Estado, como la cárcel, la represión, la corrupción y el asesinato. Sin embargo este proceso de reformas político electoral se inicia en 1976 pasando

por el camino de las reformas graduales hasta llegar a la situación actual, lo que se puede resumir como la evolución de los cambios cuantitativos a cualitativos,

no obstante esto no ha logrado crear en el ciudadano la identificación entre la etapa autoritaria y la actual. Las instituciones surgidas durante las últimas

décadas no han sido plenamente identificadas con la transición anunciada, pese a que hoy el país en sus distintos nivel es gobernado por los diversos partidos

registrados legalmente.

 

En México, la ausencia de capacidad creativa de nuevas reglas por parte de los partidos que han participado en el esfuerzo por la democratización, se sigue

manifestando en sus formas de hacer política. La llamada transición ha sido vista de manera peculiar por cada partido o corriente política; para los representantes

de la perspectiva gubernamental que representaba las viejas tendencias y sectores autoritarios "la liberación política de las últimas décadas puede verse

como un perfeccionamiento o ampliación de la vida democrática previamente delineada", mientras que para otros sectores "la transición debe entenderse como

la creación de un arreglo institucional en contraposición del viejo régimen autoritario que representó el sistema de partido de Estado" en donde lo predominante

es el poder omnímodo del presidencialismo.

 

Este asunto se encuentra profundamente relacionado con los intentos de una reforma del Estado que ha sido visualizada pero no concretada. De la misma manera,

la ausencia de eficaces políticas, así como la debilidad institucional ha impedido procesar de manera correcta "el camino andado". En otras palabras podemos

decir que "el camino andado" ha tropezado con factores en los cuales los cambios no han encontrado las consecuencias que respondan como producto del consenso

entre las diversas fuerzas políticas organizadas y las aspiraciones concretas de la Sociedad Civil. Ello tiene su comprobación en que no ha habido hasta

la fecha un momento decisivo en la llamada transición, pese a que algunos pretendieron hacer de la elección de 2 de julio de 2000 ese símbolo. En estas

condiciones la realidad social mexicana se encuentra en contradicción con las instituciones políticas, que se refleja en el creciente abstencionismo.

 

A la vez existe una confusión sobre el papel que juegan los partidos, pues si bien son un elemento indispensable para los procesos electorales, también

lo son en la construcción de la democracia. Una de esas confusiones se expresa cuando se señala a partidos "formado por gente que ha participado en diferentes

movimientos y organizaciones que han impulsado causas ciudadanas desde la Sociedad Civil". La primera confusión es perder de vista el carácter de esa "gente"

que no sería otra cosa que ciudadanos.

 

En ese sentido debemos señalar que la calidad de "ciudadano" es el reconocimiento constitucional que el Estado otorga a los naturales de un país en el ejercicio

de sus derechos y deberes. Podemos así diferenciar que si el ciudadano es un integrante de la Sociedad Civil y ésta se interrelaciona con el Estado, entonces

no debemos de perder de vista que esa misma Sociedad Civil en su expresión no es homogénea y por lo tanto las "las causas ciudadanas" desde la Sociedad

Civil son heterogéneas. Aún así es válido el esfuerzo por encontrar la diferencia entre los partidos y éstos se diferencian en la actitud que asumen frente

a la interrelación Estado-Sociedad.

 

El Estado, bajo cualquier tipo de régimen cumple sus funciones, pero una importante es la que define su naturaleza y ésta implica los intereses que representa

y ello mismo hace la diferencia entre los partidos. Por otra parte, si bien es cierto que "los partidos políticos, son formas típicas de organización política

e interés público, que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a integrar la voluntad política del pueblo

y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas

que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto, personal e intransferible", y también es cierto, que la Constitución y leyes respectivas

reconocen que "Sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos", lo cual significa que estos deben estar en el pleno

uso de sus derechos y obligaciones que las mismas le reconocen y, por lo tanto los partidos políticos están obligados a promoverlos y asegurarlos, al igual

que el Estado mexicano mediante acciones de justicia legal y social ejercidas por las instituciones.

 

Pero los partidos no son iguales. Cada partido sintetiza la teoría y práctica de una parte de la sociedad y se definen por un programa, una estructura y

métodos de acción que les dan identidad propia. En rigor, cada partido -independientemente de los votos que puedan alcanzar y la fuerza que puedan representar-

es la organización permanente de un agrupamiento humano, unido por una identidad de opiniones y conductas acerca de la vida política. Su programa y perspectiva

no está trazado por ningún destino inflexible, las forjan las clases sociales con sus movimientos y sus luchas, de ahí que la elaboración de una orientación

y forma de organización justa sea más importante que el tamaño de los mismos, pues es lo que los define en esa interrelación Estado-Sociedad. El partido

es un conjunto de comunidades, organismos de base, comités de dirección órganos de prensa y aparatos, articulados por un programa y por instituciones coordinadoras,

elementos todos que forman parte de su definición. El programa surge como consecuencia de una ideología y ésta es como las raíces que mantienen firme y

con vida un árbol.

 

En nuestro país, los partidos políticos pese a su caracterización, no han logrado desarrollar formas democráticas de vida partidista y se han conformado

con las limitadas a la vida electoral, cuando no electoreras. Los partidos tienen la obligación de redefinir rumbos y establecer políticas claras, puesto

que sus militantes deben ser expresión de los mismos. Ello exige entender al ciudadano como expresión de la sociedad y, por lo tanto, como portador y titular

de derechos y deberes frente a los poderes públicos, los cuales están obligados a reconocerlos, asegurarlos y promoverlos mediante acciones de justicia

legal y social ejercidas por las instituciones. A la vez la calidad de ciudadano no consiste únicamente en el ejercicio del voto o en la titularidad de

derechos inalienables, sino también en la obligación correlativa de respetar los derechos de los demás. Para desarrollar la democracia, los partidos políticos

deben transformarse en verdaderas escuelas, capaz de formar cuadros de los distintos niveles y sectores sociales; deben convertirse, además, en aglutinadores,

promotores de iniciativas y acción, que los convierta en actores del desarrollo económico, político, social y cultural y no en meras entelequias.

 

El ciudadano, como elector, en esas condiciones, mira con desconfianza a los partidos y la gestión de gobierno en el quehacer político y siente que el Estado

no está garantizando un orden de convivencia social, justo, estable, duradero y democrático. Mira decepcionado la falta de seguridad y siente como se deteriora

las condiciones económicas que permiten el bienestar familiar, unidos a un creciente desempleo y un futuro incierto.

 

El ciudadano, como elector, observa como los partidos han abandonado la lucha ideológica, misma que en la práctica no sólo se reflejan la ausencia de sus

programas políticos, sino que se les impide sintetizar en sus programas de gobiernos. Escuchan la pobreza ideológica de candidatos cuando hablan de "sus

proyectos" como mera retórica, y finalmente se sienten consternados ante alianzas electorales donde esos "proyectos" se dan sin un compromiso de programa

de gobierno claro, que sólo buscan votos para colocar a sus élites en posiciones que les permite "un sistema electoral que resulta poco atractivo como

forma de definición de los concurrentes al quehacer político". En resumen, cuando el ciudadano, como elector, comprueba que el cambio anunciado ha resultado

peor que la retórica, entonces anula su decisión de votar, pues concluye que su voto no tiene ningún valor. Vale la pena resumir esto con la metáfora que

representa el valor de la credencial de elector: "en México todos tienen credencial de elector, porque ésta le sirve como el más importante instrumento

de identificación... pero no la utilizan para votar porque no identifican el valor del voto".

 

Si los partidos no asumen su redefinición que responda a los requerimientos de los mexicanos, la lucha por la democracia y señalamientos de formas concretas

en que pueda desplegarse el combate a las crisis económica y social, acompañadas de acciones claras acordes a sus programas, el abstencionismo seguirá

ganando la batalla, por eso el Estado y los partidos tienen la obligación de garantizar un sistema electoral democrático.

 

 

 

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