EL ÍNDICE DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ MEXICANA
Por: Gilberto Rincón Gallardo.
Este miércoles 14 de diciembre se presentó a la sociedad el Índice de los Derechos de la Niñez Mexicana, concentrado en el segmento de entre 6 y 11 años,
elaborado por UNICEF, en el marco más amplio de la presentación del informe de UNICEF sobre el Estado Mundial de la Infancia 2006.
Se trata de un acto destacable porque el derecho de las niñas y niños a vivir en un ambiente de seguridad y de respeto a su integridad es un derecho fundamental
que todo Estado democrático debe garantizar. Sin datos relevantes acerca de su situación es materialmente imposible que el Estado actúe con eficacia para
garantizarlo.
El Índice mide, para decirlo de manera positiva, el cumplimiento de la obligación de la sociedad mexicana de garantizar el derecho a la vida, el derecho
a la educación y la protección contra violaciones extremas del derecho a vivir sin maltrato ni violencia.
El estudio que ahora se presenta muestra que entre el discurso político y la calidad efectiva de la vida de la infancia en México media una distancia que
sólo puede ser colmada con un claro compromiso de sociedad y gobierno de hacer reales estos derechos y no quedarse sólo en formulaciones rituales.
El derecho a la vida, que es una fórmula tan ambigua y abierta a tantas interpretaciones, tiene en el Índice una definición muy precisa. Se trata de la
medición de las muertes evitables causadas por enfermedades prevenibles, diagnosticables oportunamente o curables con relativa facilidad.
El derecho a la educación se mide por los niveles de inasistencia y regazo escolares y por la ineficiencia terminal de los estudiantes; mientras que el
derecho a vivir sin maltrato ni violencia se mide por la frecuencia de muertes derivadas de causas externas que pueden ir desde la negligencia hasta la
violencia intencional.
Éste es un buen momento para preguntarnos si nuestra nación tiene una política integral y sistemática de atención a la infancia. Nadie podría menospreciar
el trabajo que las instituciones públicas han hecho en el terreno de la salud, la alimentación, la educación, la protección y amparo a infantes, etcétera;
sin embargo, los datos relativos a este segmento de la infancia aquí estudiado, muestra algunas correlaciones que son muestras palmarias de injusticia
social.
Por ejemplo, resulta claro que los derechos fundamentales de la infancia no son adecuadamente tutelados en estados de la República con poblaciones indígenas
abundantes. En este sentido, a la condición vulnerable de ser niña o niño, se suma, para potenciarla, la vulnerabilidad por etnia y la vulnerabilidad por
pobreza.
Esta mezcla de vulnerabilidades es la que obliga al Estado a desarrollar una política integral en esta materia. No se trata, creo, de alentar políticas
únicamente dirigidas a la infancia, sino también de situar a ésta en los contextos sociales en que se despliega, que son sus contextos de vulnerabilidad.
En buena hora, el Índice nos permite saber a donde tenemos que orientar la acción de las instituciones públicas, para trascender el momento de las declaraciones
generales y abocarnos a las tareas concretas.
Y esta tarea institucional es una prioridad nacional no sólo porque las niñas y niños de hoy serán los ciudadanos del futuro, sino porque son ya, desde
ahora mismo, el reflejo de lo que hacemos con nuestra sociedad y porque su calidad de vida es el mejor indicador de los derechos que podemos garantizar
como sociedad.