AMÉRICA
LATINA Y LOS ESTADOS FALLIDOS
El debilitamiento de la democracia puede
traducirse en el desplome de los niveles de gobernabilidad, lo cual, en caso
extremo, desemboca en el surgimiento de un Estado fallido. La publicación del
Índice de estados fallidos por parte de la revista Foreign Policy y el Fund for
Peace (Fondo para la Paz), donde se enumera una lista de 60 países del mundo
con mayor riesgo de caer en dicha categoría, ha provocado una acalorada
polémica.
La lista está encabezada por Costa de
Marfil, la República Democrática del Congo, Sudán e Irak. El método usado para
el estudio fue el denominado CAST methodology, que consiste en: coleccionar
datos relevantes del conflicto, desarrollar una cronología completa de eventos
y seleccionar datos importantes y tendencias. Luego, se utilizaron 12
indicadores económicos, sociales, políticos y militares; y se les asignaron
números del uno al 10. Los indicadores tomados en cuenta fueron:
1. Aumento
de la presión demográfica;
2. movimientos
masivos de refugiados;
3. herencia
de venganza;
4. escape
masivo, crónico y sostenido de seres humanos;
5. desarrollo
económico desigual;
6. declive
severo y brusco de la economía;
7. criminalización
y deslegitimización del Estado;
8. deterioro
progresivo de los servicios públicos;
9. violación
generalizada de los derechos humanos;
10. aparato
de seguridad con un Estado dentro del Estado;
11. ascenso
de una elite excluyente e intolerante;
12. la
intervención de otros estados y de factores externos.
Entre los 20 primeros lugares, el factor
común que existe es que los gobiernos han perdido el control de su territorio y
el monopolio del uso de la fuerza. No se trata sólo de un problema de
desarrollo, sino también –y es lo más importante—de un problema de seguridad.
Según el Fund for Peace, los países en riesgo de convertirse en estados
fallidos, representan una de las principales amenazas que enfrenta Estados
Unidos, a diferencia de lo que sucedió en la primera mitad del siglo XX y aun
durante la guerra fría.
De hecho, la Estrategia de Seguridad
Nacional estadunidense concluyó que ese país, en la actualidad, '"está
menos amenazado por estados con ambiciones de conquista, que por estados
fracasados". Sin ir más lejos y a modo de ejemplo, Washington insiste en
dar la voz de alerta sobre el riesgo de que el presidente de Venezuela, Hugo
Chávez, exporte su "fallido modelo" político a otros países; debido a
ello, Washington reitera su apoyo a los presidentes de Ecuador, Perú y
Colombia.
Además varios de los vecinos de Venezuela
son "estados frágiles" --en el lenguaje habitual de los análisis del
Departamento de Estado, este concepto es utilizado para designar los países con
riesgo de transformarse en estados fallidos-- que no tienen la riqueza
petrolera de Venezuela para enfrentar sus problemas económicos y sociales.
Lo más grave de este análisis es que tan
sólo unos lugares debajo de los países que encabezan el índice de estados
fallidos se encuentran Haití (número 10), Colombia (14), la República
Dominicana (19) y Venezuela (21). Más abajo figuran Guatemala (31), Paraguay
(36), Perú (40), Ecuador (46) y Cuba (58). El informe advierte asimismo que los
países latinoamericanos pueden subir próximamente en el fatal ranking, dada la
ola de inestabilidad que afecta a la región.
Se hace necesario, por tanto, definir
inequívocamente qué se entiende por Estado fallido o fracasado. Los
estados-nación fracasan porque ya no pueden garantizar los bienes políticos a
su población --seguridad, educación, salud, oportunidades económicas, un marco
legal de orden y un sistema judicial, infraestructura elemental, etc.--; son
incapaces de controlar sus fronteras y experimentan un crecimiento constante de
la violencia criminal.
Un Estado-nación también fracasa cuando
pierde la legitimidad básica. La anarquía deviene más y más en la norma. La
calificación de Estado fallido se refiere, en palabras simples, al fracaso de
un país en mantener una sociedad justa y viable, una sociedad donde sus
ciudadanos tengan la oportunidad de que sus derechos se respeten, de que estén
protegidos.
En un Estado fallido, el gobierno no tiene
el control físico sobre su territorio y carece del monopolio de la fuerza. Sus
instituciones son débiles o inexistentes, el debate democrático está ausente.
La guerra civil por sí sola no conlleva el fracaso del Estado.
Entendido esto, no se pretende realizar
aquí un análisis de caso, pero es claro que el único país que puede
clasificarse como Estado fallido en América Latina es Haití. La presencia de la
Misión Estabilizadora de Naciones Unidas, MINUSTAH, es un ejemplo de ello. Lo
que no puede obviarse, sin embargo, es la falta de gobernabilidad que
caracteriza a muchos países de la región, entendiendo por tal a la cualidad
propia de una comunidad política según la cual sus instituciones de gobierno
actúan eficazmente dentro de su espacio de un modo que para la ciudadanía es
legítimo, permitiendo así el libre ejercicio de la voluntad política del poder
ejecutivo mediante la obediencia de los ciudadanos.
La gobernabilidad democrática es la
capacidad de un gobierno para controlar el cambio político e institucional
dentro del proceso democrático. Como afirmara recientemente José Miguel
Insulza, secretario general de la OEA, "la falta de gobernabilidad en
algunos países latinoamericanos amenaza a las democracias de la región".
La clave del problema para entender a
América Latina, entonces, está en la gobernabilidad. Sin embargo, los niveles
de gobernabilidad aún no son tan alarmantes como para hablar de Estados
fallidos en América Latina, en el sentido de unidades políticas colapsadas,
aunque si puede hablarse de lo que Peter Waldmann denomina "estados
anómicos".
En palabras del autor, se dice que una
situación social es anómica cuando faltan normas o reglas claras, consistentes,
sancionadas y aceptadas, hasta cierto punto, por la sociedad para dirigir el
comportamiento social y proporcionarle una orientación. La posibilidad de
cumplir parcialmente con estas exigencias evidencia que puede haber diferentes
grados y niveles de anomia social. Un Estado débil es, a pesar de todo, un
Estado. Esta problemática de la gobernabilidad es una de las prioridades de los
gobiernos latinoamericanos.
Vale la pena señalar que un país
considerado por muchos especialistas como próximo a convertirse en Estado fallido,
Bolivia, no aparece aún en la lista de Foreign Policy y el Fund for Peace, pese
a que llena ampliamente los requisitos. ¿Descuido? ¿Error? ¿O quienes
realizaron el estudio disponen de otra información, que no han dado a conocer?
Autor: Luis Gutiérrez Esparza.
México, Distrito Federal.