La violencia contra
las mujeres estuvo legitimada por milenios y Panamá no escapa a este fenómeno, se ha
hecho cotidiano noticias como la forma fatal en la que el acendrado machismo
cercena la vida de mujeres en la plenitud de su existencia, féminas jóvenes
quemadas por novios, esposos o ex cónyuges.
En la Asamblea Nacional de Diputados, reposa el Proyecto de
Ley 401, el que introduce reformas al Código Penal para tipificar el
Feminicidio y sanciona la violencia contra las mujeres y dicta medidas de
prevención de conductas punibles. Está integrado por quince capítulos y setenta
y dos artículos.
Entre los objetivos del proyecto figura garantizar y
proteger los derechos de las mujeres, víctimas de violencia por razón de su
condición de mujer, así como prevenir y sancionar las formas de violencia
contra las mujeres, en cumplimiento de las obligaciones contraídas por el
Estado.
En este sentido, se traduce como agravante de homicidio el
crimen de una mujer mediante violencia de género. Además, puntualiza la
tipificación del Feminicidio como figura autónoma del Código Penal.
El proyecto pretende castigar con hasta 30 años de cárcel al
asesinato de mujeres "cuando exista una relación de pareja" o se haya
intentado inútilmente restablecer una relación, según un texto que califica
como "epidémicas" las cifras de violencia contra la mujer. También,
sustenta que en los casos de Feminicidio establece compromisos del Estado para
prevención de los delitos contra la mujer. Así mismo, anula la posibilidad de
que en los casos de homicidio agravado por el vínculo se puedan aplicar
atenuantes para fijar la pena, (como la emoción violenta), si medió violencia
de género. Esto busca impedir que los jueces suavicen las condenas a femicidas
que exponen, por ejemplo, que reaccionaron acuchillando o disparando a su
esposa porque se enteraron de que les había sido infiel o quería dejarlos por
otro. En los casos del delito de lesiones,
sustenta que cuando sean producidas por “violencia de género”, siempre se
aplique la pena máxima prevista.
Un informe de la Defensoría del Pueblo reveló que desde 2009
hasta septiembre de 2013 han sido reconocidas en Panamá 309 muertes violentas
de mujeres, de las que 199 son Feminicidio. El documento resaltó que el 64,5
por ciento de las mujeres murieron en contextos de discriminación y violencia
de género.
En Latinoamérica, países como Guatemala, Costa Rica, Chile y
El Salvador han incorporado ya la figura del femicidio en sus normativas, con diferencias
en su redacción y resultados diversos.
La propuesta de sancionarse accederá a Panamá, prosperar en
el cumplimiento de los compromisos asumidos internacionalmente para desafiar la
penosa violación de los derechos humanos como lo son: El asesinato, Las
mutilaciones, La esclavitud sexual y otros delitos contra la mujer. No
obstante, nos resulta acertada esta medida, sería un signo positivo hacia la
sociedad para frenar la impunidad con la que se cometen estos crímenes y de
paso suministraría un mensaje a los impartidores de justicia que suelen no
creer a las mujeres que denuncian violencia de género, para que tomen medidas
de protección a tiempo, antes de que terminen asesinadas.
Propone,
además, crear la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia
contra la Mujer y Atención a las Víctimas, COPREV A, como el órgano rector de
las políticas y responsable de la coordinación interinstitucional en el tema.
Señala las instituciones que la conforman y instaura la Secretaría Ejecutiva de
COPREV A en el Instituto Nacional de la Mujer. Establece, con tal propósito,
las funciones de esta Coordinadora y se crea un Fondo Especial contra la
Violencia hacia las Mujeres, que se destinará a la financiación de los planes y
programas de sensibilización, prevención, capacitación, atención, tratamiento,
rehabilitación y resarcimiento de las mujeres víctimas de violencia.
Ahora bien, lo trascendente radica en la unificación de
esfuerzos, visto desde la perspectiva de un problema de Estado, de ser así, se
desprende la implementación de políticas públicas de prevención, donde el
impartidor de justicia, no se quede en el puro hecho de engavetar la denuncia
de malos tratos, no obstante, se creen a nivel de Corregidurías, alcaldía y
otros Estamentos, las oficinas de servicios de asesoramiento a las mujeres
maltratadas; y como de lo que se trata es de Visibilizar la Responsabilidad
Social y la prolongación educativa de los Medios de Comunicación en cada hogar
panameño, desplieguen una política de concienciación a favor de igualdad de
género, lo que se complementaría con campañas y cambios curriculares en
educación. Como panameña que ama su tierra, este pedacito de cielo, su cultura
y a su gente, confío en la solidaridad, el respaldo y la conciencia de un
Cuerpo de Diputados que admira y respeta la vida de sus mujeres, agendando como
tema de prioridad esta propuesta.
Autora:
Elodia Magdalena Muñoz Muñoz. Panamá, Panamá.
Comunicadora social.