Visibilizar el Feminicidio.

 

La violencia contra las mujeres estuvo legitimada por milenios y Panamá no escapa a este fenómeno, se ha hecho cotidiano noticias como la forma fatal en la que el acendrado machismo cercena la vida de mujeres en la plenitud de su existencia, féminas jóvenes quemadas por novios, esposos o ex cónyuges.

En la Asamblea Nacional de Diputados, reposa el Proyecto de Ley 401, el que introduce reformas al Código Penal para tipificar el Feminicidio y sanciona la violencia contra las mujeres y dicta medidas de prevención de conductas punibles. Está integrado por quince capítulos y setenta y dos artículos.

Entre los objetivos del proyecto figura garantizar y proteger los derechos de las mujeres, víctimas de violencia por razón de su condición de mujer, así como prevenir y sancionar las formas de violencia contra las mujeres, en cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado.

En este sentido, se traduce como agravante de homicidio el crimen de una mujer mediante violencia de género. Además, puntualiza la tipificación del Feminicidio como figura autónoma del Código Penal.

El proyecto pretende castigar con hasta 30 años de cárcel al asesinato de mujeres "cuando exista una relación de pareja" o se haya intentado inútilmente restablecer una relación, según un texto que califica como "epidémicas" las cifras de violencia contra la mujer. También, sustenta que en los casos de Feminicidio establece compromisos del Estado para prevención de los delitos contra la mujer. Así mismo, anula la posibilidad de que en los casos de homicidio agravado por el vínculo se puedan aplicar atenuantes para fijar la pena, (como la emoción violenta), si medió violencia de género. Esto busca impedir que los jueces suavicen las condenas a femicidas que exponen, por ejemplo, que reaccionaron acuchillando o disparando a su esposa porque se enteraron de que les había sido infiel o quería dejarlos por otro. En los casos del delito de lesiones, sustenta que cuando sean producidas por “violencia de género”, siempre se aplique la pena máxima prevista.

Un informe de la Defensoría del Pueblo reveló que desde 2009 hasta septiembre de 2013 han sido reconocidas en Panamá 309 muertes violentas de mujeres, de las que 199 son Feminicidio. El documento resaltó que el 64,5 por ciento de las mujeres murieron en contextos de discriminación y violencia de género.

En Latinoamérica, países como Guatemala, Costa Rica, Chile y El Salvador han incorporado ya la figura del femicidio en sus normativas, con diferencias en su redacción y resultados diversos.

La propuesta de sancionarse accederá a Panamá, prosperar en el cumplimiento de los compromisos asumidos internacionalmente para desafiar la penosa violación de los derechos humanos como lo son: El asesinato, Las mutilaciones, La esclavitud sexual y otros delitos contra la mujer. No obstante, nos resulta acertada esta medida, sería un signo positivo hacia la sociedad para frenar la impunidad con la que se cometen estos crímenes y de paso suministraría un mensaje a los impartidores de justicia que suelen no creer a las mujeres que denuncian violencia de género, para que tomen medidas de protección a tiempo, antes de que terminen asesinadas.

Propone, además, crear la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia contra la Mujer y Atención a las Víctimas, COPREV A, como el órgano rector de las políticas y responsable de la coordinación interinstitucional en el tema. Señala las instituciones que la conforman y instaura la Secretaría Ejecutiva de COPREV A en el Instituto Nacional de la Mujer. Establece, con tal propósito, las funciones de esta Coordinadora y se crea un Fondo Especial contra la Violencia hacia las Mujeres, que se destinará a la financiación de los planes y programas de sensibilización, prevención, capacitación, atención, tratamiento, rehabilitación y resarcimiento de las mujeres víctimas de violencia.

Ahora bien, lo trascendente radica en la unificación de esfuerzos, visto desde la perspectiva de un problema de Estado, de ser así, se desprende la implementación de políticas públicas de prevención, donde el impartidor de justicia, no se quede en el puro hecho de engavetar la denuncia de malos tratos, no obstante, se creen a nivel de Corregidurías, alcaldía y otros Estamentos, las oficinas de servicios de asesoramiento a las mujeres maltratadas; y como de lo que se trata es de Visibilizar la Responsabilidad Social y la prolongación educativa de los Medios de Comunicación en cada hogar panameño, desplieguen una política de concienciación a favor de igualdad de género, lo que se complementaría con campañas y cambios curriculares en educación. Como panameña que ama su tierra, este pedacito de cielo, su cultura y a su gente, confío en la solidaridad, el respaldo y la conciencia de un Cuerpo de Diputados que admira y respeta la vida de sus mujeres, agendando como tema de prioridad esta propuesta.

 

Autora: Elodia Magdalena Muñoz Muñoz. Panamá, Panamá.

Comunicadora social.

elodia_0262@yahoo.es

 

 

 

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